Iniciar el proceso de incorporación social tras haber cumplido condena en un centro penitenciario o haber sido víctima de violencia puede presentar un camino plagado de dificultades que requieren de una intervención coordinada entre distintos recursos.

Tanto si se da el caso en el que sean personas arrendatarias de vivienda pública las que deban ingresar en un centro penitenciario o por el contrario sean personas que tras cumplir sentencias firmes acceden a la libertad, trabajamos en coordinación con los servicios sociales de las distintas administraciones y con organizaciones de carácter social para que la vivienda sea el centro de un proceso de inclusión social.

Con este propósito en 2018 tomó forma esta iniciativa. Establecer un procedimiento de trabajo coordinado mediane la elaboración de unas instrucciones específicas que faciliten tanto el acceso a la vivienda de personas que entran y salen de centros penitenciarios como para la adjudicación de vivienda de urgencia a mujeres víctimas de trata/explotación sexual.

Articulando estos protocolos de actuación unimos visiones y colaboramos para que el derecho a la vivienda pueda ser la oportunidad para un nuevo comienzo.

Asimismo, fueron publicadas por la Dirección General de Vivienda unas instrucciones para la adjudicación de vivienda por el procedimiento de urgencia a mujeres víctima de tratas/explotación sexual, matrimonio forzado o cualesquiera que se encuentren en contextos de prostitución.